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Una sentencia que es una nueva masacre

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El 4 de noviembre de 2007, el pabellón 2 del penal de varones de Santiago del Estero fue un infierno. Los presos protestaron. Sus motivos: sus familias eran sometidas a requisas vejatorias antes de entrar a visitarlos, pero el servicio penitenciario había interrumpido abruptamente las visitas; vivían amontonados porque había más presos que capacidad en el penal para contenerlos (según el CELS, la unidad penal santiagueña sufría una superpoblación del 122%) y sufrían maltrato. Prendieron fuego unos colchones y desde ahí todo se descontroló. De nada sirvieron los gritos y pedidos desesperados; los guardiacárceles -se comprobó inmediatamente- habían trabado las puertas con candados; de esta forma las salidas de ventilación quedaron bloqueadas y los presos no pudieron escapar. Treinta y cinco presos murieron quemados o asfixiados debido al gas tóxico que emanó el poliuretano de los colchones, otros cinco murieron luego de ser internados y otros tantos sufrieron heridas de distinta gravedad. Cuarenta muertes que podrían haberse evitado. Este acontecimiento horroroso fue conocido como “La Masacre del Penal”.

Ocho años después, volvieron a matarlos. En una sentencia vergonzosa, la Justicia santiagueña absolvió a los guardiacárceles Segundo González, Osvaldo Matías Martín, Carlos Sánchez, Adrián Bellido, Juan Coronel y Andrés García. En la misma resolución, Carlos Salomón fue condenado a 5 años de prisión; Mariano Arturo Cuellar, a 4, y Manuel Ocampo, a 3, además de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por 10, 7 y 5 años, respectivamente. Todos ellos habían sido juzgados por homicidio y lesiones culposas en concurso ideal.

Tanto los Organismos de Derechos Humanos de la Provincia, como desde La Cámpora repudiamos esta sentencia. Las penas que cayeron sobre tres guardiacárceles son vergonzosas y no se condicen con la gravedad del hecho que se llevó la vida de 40 presos en esta tragedia. Además, quienes fueron sentados en el banquillo de los acusados no son los verdaderos responsables sino la mano de obra que llevó adelante la masacre.

Renacer desde el dolor

Uno de los principales grupos de familiares de los ciudadanos muertos en aquella fatídica noche vive en el Barrio Pacará. Son las “Madres Unidas del Pacará”, una asociación civil que trabaja incansablemente desde el año 1998; primero con un comedor y luego formando cooperativas de trabajo. Luchan por los derechos de los habitantes de su barrio y en contra del estigma que los persigue: que son peligrosos.

Estas madres no cesan en su búsqueda de Justicia y hoy se esmeran por brindar una mirada distinta de lo que sucede a diario en los barrios de Santiago. Su tarea social cobró un nuevo sentido a partir de la tragedia que les tocó vivir.

Es que la Violencia Institucional es una problemática que merece mayor difusión. Por eso, desde la Secretaría de Derechos Humanos de La Cámpora Santiago del Estero trabajamos desde fines del año pasado en la redacción e implementación de “Voluntariados Universitarios”, un proyecto articulado con el Ministerio de Educación de la Nación que busca concientizar sobre la Violencia Institucional a través de la historia y el relato que llevan adelante las Madres Unidas del Pacará, quienes vivieron en carne propia la violencia de los organismos estatales.

Fueron discriminadas y resquisadas brutalmente antes de entrar a Tribunales. No se les permitió presenciar el juicio. Se les ocultó la situación de sus hijos. Además de todo lo que han soportado, las Madres y los familiares de las víctimas, fueron engañados por los abogados que debían defender sus intereses; no les permitieron ser Parte Querellante, y fueron asediadas por los pedidos de nulidad y recursos judiciales que impidieron la declaración de algunos testigos presenciales.

Meses atrás, dos integrantes de Madres Unidas del Pacará se reunieron con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para solicitarle la colaboración y el asesoramiento de abogados en diferentes conflictos que surgen cotidianamente en la Asociación. La Procuradora se comprometió a intervenir en caso de que la causa judicial se federalice.

Las Madres del Pacará sospecharon y denunciaron que no había garantías. La sentencia lo confirmó: todavía no hay justicia para los muertos en la masacre del penal y sus familiares.

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