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Una condena histórica para los genocidas del Circuito Camps

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La condena a los represores del Circuito Camps fue un fallo histórico. No solo por las penas de prisión perpetua que la justicia dispuso para el único ministro civil de la Provincia durante la dictadura, Jaime Lamont Smart, para el jefe de policía dictatorial Miguel Osvaldo Etchecolatz y para otros catorce represores, sino que además por primera vez un fallo agrega a las penas del código penal el concepto de genocidio. Pero también es un fallo histórico porque sanciona los crímenes cometidos contra la sociedad platense, una de las ciudades más castigadas por la represión genocida de la última dictadura cívico militar, que se ensañó particularmente con los estudiantes universitarios, quienes se convirtieron en el 60% del total de víctimas. También es histórico, porque los jueces con su sentencia enviaron señales a tres poderes: ordenaron investigar la complicidad de funcionarios judiciales y miembros de la Iglesia, y pidieron que se analice el rol del diario La Nación durante el desarrollo del juicio. Además, vincularon lo investigado en el juicio con el traspaso compulsivo de Papel Prensa.

El final del juicio por los crímenes del Citrcuito Camps, que para su realización demandó quince meses y 89 audiencias por las que pasaron más de 400 testigos, fue una fiesta por Memoria, Verdad, Justicia y Alegría que se reflejó en la calle con un festival, donde estudiantes, jóvenes y militantes además pudieron seguir la lectura por pantalla gigante.

También dentro de la sede del tribunal, en la ex Amia de 4 entre 51 y 53, fue una fiesta. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela dictaron sentencia ante una audiencia repleta de público, que aplaudió y festejó por cada represor condenado y por cada investigación o solicitud a otros estamentos de la justicia u otros poderes que ordenaron. El primer estallido de aplausos fue cuando llegó Chicha Mariani, la abuela que busca a su nieta Clara Anahí, robada tras el ataque de la dictadura a la casa Mariani Teruggi donde mataron a su mamá y que fue uno de los casos juzgados. También estuvieron delante la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, sentada junto a otras Madres y Abuelas, y el canciller Héctor Timerman, cuyo padre, el director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, fue secuestrado y torturado en uno de los centros clandestinos del Circuito Camps.

Es que la sentencia puso fin a un año y tres meses de debate en el que se ventiló los secuestros de los chicos de la Noche de los Lápices, de Lidia Papaleo y los miembros de la familia Graiver; también el del testigo nuevamente desaparecido Jorge Julio López, y el ataque a la casa Mariani Teruggi, donde fueron asesinados cuatro personas y robada la bebé Clara Anahí Mariani, la nieta que Chicha Mariani todavía busca, entre otros casos.

El primer estallido de aplausos mientras Rozanski leía el veredicto se produjo cuando explicó la calificación de genocidio para los crímenes cometidos por los imputados: “Las conductas de los imputados al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional importan la comisión de un delito de genocidio”, leyó Rozanski y no pudo continuar porque una ovación ocultó sus palabras.

Por Pablo Roesler (Periodista del diario Tiempo Argentino y docente de esta unidad académica)

 

 

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