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Primer procesamiento en la Causa Operativo Independencia

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El Juez Daniel Bejas a cargo del Juzgado Federal N I de Tucumán, dictó el día de ayer, 27 de diciembre, el primer procesamiento en la causa “Operativo Independencia”, en donde se investiga la responsabilidad penal de 142 imputados por los delitos cometidos en contra de 270 víctimas, en el período previo al golpe cívico militar de 1976.

A partir de la investigación realizada se ha resuelto que durante el “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán se implementó un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas-civiles que culminó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Los diesciseis procesados (militares y policías), fueron encontrados responsables de los delitos de violación de domicilio, privación ilegitima de la libertad, torturas agravadas, torturas seguidas de muerte, robo agravado, abuso deshonesto, violación, y homicidio agravado, todos los delitos en el marco del delito internacional de genocidio.

Merece ser destacado que se ha considerado e las mujeres detenidas clandestinas durante el Operativo Independencia habrían sido víctimas de actos que califican como las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer (art. 1 y 2 dela Convenciónde Belén do Pará), correspondiendo al Ministerio Público Fiscal ahondar su investigación a fin de visibilizar tales hechos en forma particular y específica.-

Entre las víctimas de esta causa se encuentra Rolando Figueroa, quien con 15 años fue torturado en la Escuelita de Famaillá (el primer centro clandestino de detención el país), siendo obligado a inculparse por el atentado al Gral. Viola.

Además, en la sentencia se recomendó al Ministerio Público Fiscal que se amplíe la investigación con relación a la condición social y/o actividades que desarrollaban las víctimas al momento de los hechos (casos de obreros del surco y/o rurales), y a la presunta lesión de los derechos económicos, sociales y culturales en razón de haber sido desplazados de su actividad económica habitual y haber sido perseguidos en razón de la misma, así como las repercusiones de tal situación para la provincia de Tucumán (desarrollo industrial y rural), todo ello a la luz de los derechos fundamentales vigentes al momento de los hechos, cláusula de progreso y de bienestar general.

La investigación continuará luego de la feria judicial.

 

http://www.cij.gov.ar/adj/pdfs/ADJ-0.602312001356710481.pdf

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