Menu

Políticas para los que menos tienen

0 Comments


Compartir

Los hechos lamentables que vivimos el sábado pasado demuestran una vez más que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene políticas para los sectores populares.  Y  nos recuerdan lo que sucede cuando una fuerza policial es conducida por funcionarios que no demuestran el más mínimo respeto de los derechos humanos.

El desalojo llevado a cabo fue realizado por la Policía Metropolitana luego de una orden judicial que respondió a la presión mediática a raíz de un hecho de inseguridad ocurrido en la zona.  Un horrible asesinato, cometido por alguien que vivía en un barrio cercano, es decir que nada tenía que ver con la toma, fue la excusa para desalojar brutalmente a todas las familias que habían ocupado el terreno. Las topadoras nos dieron una imagen que nos hizo recordar a los peores momentos de las dictaduras pasadas. La gente no tuvo tiempo de llevarse sus pertenencias .  La Metropolitana llegó al lugar anunciando un allanamiento y las personas se alejaron, pensando que luego iban a poder volver. Pero después vinieron las topadoras y arrasaron con todo.  Una vez desalojada la gente, la policía mostró su peor cara: la de los palos. No se salvó nadie.

Bruno es un joven de nacionalidad paraguaya que alquilaba una casilla en el terreno tomado. No es un narcotraficante sino un laburante que había salido de ahí a las 5 de la mañana para ir a la gomería en la que estaba trabajando. Cuando volvió, a eso de las 18, se enteró que lo único que le quedaba eran las llaves y la billetera que tenía en el bolsillo. El shock le disparó un ataque epiléptico.  Una ambulancia se lo llevó al Santojanni, pero lo dejó tirado en la puerta. Bruno, todavía semi inconsciente, estuvo deambulando un rato por los alrededores del hospital hasta que logró llegar a la casa de su cuñado. Nunca ingresó a la guardia.

Estos hechos dejan en claro el desprecio que el gobierno de Mauricio Macri tiene por las clases más postergadas y la total ausencia de cualquier tipo de solución para estos sectores. Ni la Justicia, ni la Policía, ni sobre todo el Gobierno de la Ciudad se preocuparon de pensar qué iba a suceder con la gente una vez que fuera echada del terreno.  Así fue que más de 300 familias se quedaron sin siquiera esas viviendas precarias que habían logrado armar con los pocos recursos que tienen.

Por otro lado,  se demuestra más que nunca la importancia de avanzar con políticas de urbanización de las villas, que implicarían una mejora en la calidad de vida de los habitantes de toda la ciudad.

Una vez más repetimos que la solución es la inclusión. El Gobierno Nacional ya construyó viviendas para casi 4 millones de personas en esta década, partiendo de la base de que la solución para este tipo de conflictos pasa por tener políticas a largo plazo para las clases populares.

Etiquetas: , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *