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LA MASACRE DE AVELLANEDA

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Hace 13 años Maximiliano Kosteki y Darío Santillán eran brutalmente asesinados por la policía. El resultado de décadas de exclusión y hambre se cristalizaba en un Estado que necesitaba de la represión para intentar contener una situación que era insostenible

El 26 de junio de 2002 nuestro pueblo seguía en las calles, todavía estaban frescas las muertes del 19 y 20 de diciembre del 2001. Maximiliano Kosteki (21 años) y Darío Santillán (25 años) estaban, junto a muchos compañeros del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), tratando de cortar el Puente Pueyrredón. La policía comenzó una feroz represión y persiguió a los dos jóvenes, a quienes asesinó en las cercanías de la estación Avellaneda. “La crisis provocó dos nuevas muertes” tituló al otro día el diario Clarín, monopolio de la palabra, poniéndole rótulo a la infamia que quiso borrar de un plumazo la memoria del pueblo golpeado.  Los demás medios presentaron los hechos como “enfrentamientos” entre manifestantes.

El comisario Alfredo Fanchiotti, el cabo Alejandro Acosta, junto a otros 120 integrantes de las Fuerzas, tiraron del gatillo y reprimieron por orden del entonces gobernador, Felipe Solá, con el visto bueno de Eduardo Duhalde, en ese momento presidente interino, tirando a mansalva en contra del grupo de manifestantes que ya se estaba replegando sin haber logrado el objetivo de cortar el emblemático puente. Así, las balas de plomo perforaron la vida espesa de luchas de estos militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados, agrupados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Provocaron además heridas a otros 33 manifestantes.

Años de resistencias populares

Apenas unos meses después de las jornadas del 19 y 20, que dejaron un saldo de 38 muertos en todo el país y que culminaron con la fuga en helicóptero del presidente de turno, todo parecía naturalizarse. Las luchas y las resistencias eran la realidad cotidiana del militante que luchaba por sobrevivir. Los noticieros, en una rutinizada práctica de producción de sentido, apabullaban a sus televidentes con imágenes del “paisaje de época”. El poder de movilización estaba en manos de los movimientos de desocupados, todo un símbolo de la época. No era el movimiento obrero organizado quien ejercía oposición sino las masas de excluidos del sistema. Todos los días había marchas, cortes, reclamos básicos que no eran escuchados: pan para los comedores que pululaban por todo el conurbano, planes sociales, migajas reclamadas a ese Estado que no hacía los números con la gente adentro.

Sólo 13 años pasaron de aquellos días pero tan lejanas nos resultan aquellas jornadas de violencia estatal, cuando la reconstrucción de nuestra patria aún no se avizoraba y cuando la policía aún no había recibido la orden de no reprimir la protesta social. Era necesario contener a nuestro pueblo hambreado a fuerza de balas de plomo.

El 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó por los crímenes a prisión perpetua a Fanchiotti y a Acosta. También dictó penas de cuatro años de prisión efectiva a otros tres miembros de la Policía Bonaerense, Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado.

La causa por las responsabilidades políticas, en las que se investiga a Duhalde y Solá, permanece en las manos del juez Lijo. Alberto Santillán, papá de Darío, junto a Vanina Kosteki, hermana de Maxi, fueron recibidos la semana pasada por la procuradora General Alejandra Gils Carbó y se fijaron para el 6 y el 13 de julio las fechas para las declaraciones de funcionarios y testigos cuyos testimonios serán vitales para una causa que es de todos y de todas en la memoria de las luchas del pueblo.

Hoy el mejor homenaje que les hacemos a Darío y Maxi es la profundización de nuestro compromiso militante por un país sin excluidos.

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