Jujuy

EL GOBIERNO NACIONAL DEBE DEJAR EN LIBERTAD A MILAGRO SALA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió la medida cautelar que fue solicitada por el CELS, Amnesty Internacional y Andhes, y dispuso que el Estado Nacional, al ser parte del sistema interamericano, debe cumplir con la libertad inmediata de Milagro Sala o, en su defecto, concederle la detención domiciliaria o la libertad vigilada por medios electrónicos.

En la resolución exige además al Poder Ejecutivo el respeto de los tratados internacionales que tienen rango constitucional y son derecho vigente en la Argentina. Consideró en la resolución que la dirigente “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable” según constataron durante la visita que realizaron el pasado 16 de junio. Ademas, advirtieron sobre el riesgo de la criminalización del liderazgo social y señalaron que la prisión preventiva “debe estar limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. La prisión preventiva es una medida que no debe ser punitiva”, “el Estado debe garantizar que la regla sea la libertad del procesado mientras se resuelva acerca de su responsabilidad penal” y que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva”. El Estado tiene 15 días para comunicar de que manera dará curso a la resolución.

“Este es un gran triunfo del equipo de defensores de Milagro que desde el primer momento han denunciado la ilegalidad de la detención y el agravamiento del hostigamiento en el penal y por parte del Poder Judicial que en Jujuy responde al Poder Ejecutivo. También es el triunfo de los organismos de Derechos Humanos que nos han acompañado denunciando al mundo este verdadero atropello a la legalidad. Y, por supuesto, un gran triunfo del Cels, de Amnesty, de ANDHES y del Comité por la Libertad de Milagro Sala que han sostenido que se han violado las garantías constitucionales y se ha suspendido el Estado de Derecho en Jujuy con el aval de Mauricio Macri”, aseguró Alejandro Garfagnini, referente de la Tupac Amaru.

“Nuevamente los organismos internacionales vienen a hacer justicia frente a las graves violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país en el caso de Milagro, así como sucedió durante el Terrorismo de Estado. La comisión entendió que el caso de Milagro cumplía con los estándares de urgencia, gravedad e irreparabilidad y que la concesión de esta cautelar está vinculada con salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física entendiendo que parte de esta detención está vinculada a que Milagro es una lideresa social, es mujer e indígena”, aseguró Elizabeth Gomez Alcorta, del equipo de abogados defensores de Milagro Sala.

A su vez, desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala destacaron que “a pesar de intentar poner todos los palos en la rueda, formalmente fue el Estado Nacional el que dijo haber invitado a la CIDH a Jujuy. De modo que ahora no puede hacerse los distraídos con esta resolución. Francisco Eguiguren fue muy claro respecto a este punto cuando salió del penal y expresó que “la Comisión entiende que sus recomendaciones son para que el Estado las cumpla. Entendemos que los Estados son parte de un sistema internacional y por lo tanto las recomendaciones hay que cumplirlas”.

En la medida cautelar emitida hoy por la CIDH, el organismo solicita al Estado nacional que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Milagro Sala en el contexto de detención preventiva en el que actualmente se encuentra”. Ademas exige al gobierno nacional que “concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes y, tomando en cuenta la excepcionalidad de la prisión preventiva y el agravamiento de la situación, riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la privación de libertad de la beneficiaria, así como los presuntos hostigamientos que habría enfrentado y la necesidad de salvaguardar tales derechos, las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares descritos, medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario o bien que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”.

Los comisionados Francisco Eguiguren y Esmeralda Arosamena de Troitiño, acompañados por el abogado especialista en Derechos Humanos, Jorge Meza, visitaron a Milagro Sala en el Penal de Mujeres de Alto Comedero el 16 de junio. A la salida del encuentro en Conferencia de Prensa anunciaron que tratarían el tema en el Periodo de Sesiones Extraordinarias a realizarse en Lima la primer semana de julio. Hoy hicieron pública la concesión de la medida cautelar solicitada por el Cels, Amnesty y Andhes en relación a la detención arbitraria de la diputada del Parlasur.

“Milagro Sala hoy cumple 559 de privación ilegitima de la libertad. Pasaron ya nueve meses desde que se pronunció la ONU, Amnistía Internacional, Human Wrights Watch y otros tantos organismos internacionales. Con la detención de Milagro Sala, primer presa politica en democracia, Macri y sus funcionarios nacionales han expuesto a la Argentina ante el mundo. De ser ejemplo en materia de Derechos Humanos nos convertimos en un país que ha suspendido el Estado de Derecho”, señalaron desde el Comite.

Milagro Sala fue proscripta hasta que termine el mandato de Morales

En un nuevo fallo que da cuenta de la falta de independencia de los poderes en Jujuy, Matias Ustarez Carrillo, funcionario administrativo designado en el Juzgado Contravencional en enero por Gerardo Morales, condenó anoche a Milagro Sala y a la Tupac Amaru por el acampe pacifico que se realizó en la Plaza Belgrano entre el 14 de diciembre y el 2 de febrero.

Mientras sancionaron a la persona jurídica de la organización barrial con la multa máxima de 3780 pesos y con la clausura de la sede de la calle Alvear 1165 por tres meses desde que quede firme la sentencia, a la dirigente social le impusieron la misma pena económica y la inhabilitación especial para formar parte de personas jurídicas y demás asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas que requieran autorización provincial para funcionar por tres años y tres meses desde que quede firme la sentencia.

Tras escuchar la condena, Milagro Sala expresó: “No estoy de acuerdo con esta pena. Estan criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada de lo que hice porque a los negros les devolvi la dignidad y la autoestima”, aseguró.

Tal como lo evidenciaron todos los testigos y en los alegatos presentados por los defensores de la dirigente social, Ariel Ruarte, Luis Paz y Paula Alvarez Carreras, el acampe fue originado por la falta de respuestas por parte del entonces gobernador electo a los pedidos de apertura de una instancia de diálogo que realizaron de manera formal y en tres ocasiones las organizaciones sociales a partir de la preocupación por la continuidad de las fuentes de trabajo de más de 15 mil cooperativistas. El derecho a manifestarse está consagrado en diversos instrumentos internacionales y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la protesta pública parece ser el único medio que permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate publico puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado”.

A pesar que en el acampe participaron más de 20 organizaciones sociales y que todas las decisiones se adoptaron en asambleas publicas y multitudinarias, las únicas juzgadas fueron Milagro Sala y la Tupac Amaru. Segun indicó Rodolfo Rocamoso, también designado por el contador Morales y que integra el departamento contravencional y ofició como parte acusadora, solo se investigó a la citada organización barrial “porque era la mas conocida, y si se hubiera convocado a todas no se hubiera terminado nunca con este proceso”.

En relación a la condena a la Tupac Amaru, Paula Alvarez Carreras señaló que existe profusa jurisprudencia que sostiene que las personas jurídicas no puede cometer delitos, ni ilícitos ni contravenciones y pidio la nulidad parcial del alegato de la acusación que solicitaba que se condene a la organización barrial. En ese marco, también indicó que “los responsables de las acciones son las personas físicas que son las que las llevan adelante. Y aunque quisieran condenar a la Tupac Amaru, tampoco llegaron a demostrar cómo la organización cometió la contravención”, reclamó la letrada. Como sucedió ante cada uno de los planteos de la defensa, fue desoído.

Por su parte, Luis Paz señaló que la sentencia “tiene un marcado tinte politico, como no podía ser de otra forma, en tanto fue adoptada por un empleado de Gerardo Morales. Es un primer intento de proscripcion social que recuerda a la Revolucion Libertadora. Es otro avance más sobre todos los actos represivos llevados adelante por este gobierno provincial contra la clase trabajadora este año”, expresó.

“Morales está tratando de hacerle a la organizacion barrial lo mismo que le hicieron los Españoles a Tupac Amaru. Para eso utiliza no solo al Poder Judicial sino también a órganos cuasi judiciales que ha creado dentro del Poder Ejecutivo. Ninguno de los funcionarios designados por el contador esta dispuesto a respetar la Constitucion y los limites que este sistema de garantías le impone no solamente a los gobernados sino también a los gobernantes. Ni Morales ni sus funcionarios están respetando los limites y están avanzando sobre los derechos mas importantes de la sociedad. Pero particularmente a la Tupac Amaru y a Milagro Sala se le aplica el derecho penal del enemigo, no se les respeta ningún derecho constitucional, no han podido demostrar ninguna vinculación entre la persona jurídica y el acampe. Sin embargo han podido desplegar toda la sanción violenta en contra de ella. Y no han podido avanzar con la restricción de la libertad de Milagro Sala porque iba a quedar muy notorio el hecho de que por la misma base factica ya estuvo privada de su libertad por 10 dias”, dijo Ariel Ruarte. “Vamos a demostrar la ilegalidad, la inconstitucionalidad y la ilegitimidad de la decision de este juez administrativo”, concluyó.

Horacio le pegó a un cana del macho Morales

En Jujuy, allá en el norte profundo, donde los poderosos siembran sumisión y Morales cosechó la gobernación, parece que no habrá paz para el que crea que no hay que mirar el piso cuando el gobernador habla. Ya tiene un perro de mascota el goberna, muchos manto negro listos para morder, y hasta un canal en Capital Federal que defiende lo indefendible.

Y ahí están los compañeros, los de la orga, los metrodelegados, los militantes, los que saben que los derechos humanos se bancan con el cuerpo humano. Los que saben que la chapa de legisladores es puro cuento y que la calle es el lugar en el que tienen que estar. Y que los palos de la cana no duelen tanto como para dejar a un compañero atrás. Que uno sin otro nos vuelve nada.
 
Cuando le sacan el bozal, la cana de Morales se vuelve taura y las familias patricias de Jujuy aplauden. Allí donde los Blaquier, dulces como el azúcar que brota de la explotación al cañero, siempre serán inocentes.
 
Y entonces uno de los canas no puede evitar avalanzarse sobre las compañeras porque siente que Morales banca. Que como el gobernador es macho y seguro haría lo mismo, le zampa un manotazo a las tetas de la negra Vilar, que está bancando a Martín colgado de una reja rodeado de policías que le quieren mostrar la hombría de los hombres del goberna.
 
Pero Pietragalla sabe de qué se trata. Cómo no saberlo. Sabe que el canal que banca a Morales, el de Magnetto, ese que Videla le dio a cambio de impunidad, lo va a destrozar. Pero a Horacio no le importa. Sabe cómo torturaron y asesinaron a sus viejos los Videla, los Magnetto y los Morales. Y que siempre los dueños consiguen periodistas, como el goberna consigue policías machos.
 
Entonces el grandote ve como el cana manotea el cuerpo de la compañera. Las manos en los pechos de la compañera son las manos de los torturadores en el cuerpo de su vieja. Y hace lo que tiene que hacer, porque el policía macho, lejos de amedrentarse, saca la lengua de su boca llena de sangre y con los ojos desorbitados, hace una mueca absurda en la que expresa las ganas de pasarla por la humanidad de la compañera.
 
Salta Martín y se lo quieren llevar. Mayra se les va encima y Pereyra, otro cana valiente de Morales, la toma por el cuello sabiendo de la peligrosidad de una militante decidida, yegua como Cristina, puta como Evita, negra e irrespetuosa como Milagro. Mujer al fin.
 
La metralla mediática habla y hablará de Pietragalla y Mayra. Paso a paso, esos periodistas construirán el plafón para ir nacionalizando el globo de ensayo jujeño como látigo para castigar a los que piensan distinto, creyendo que estos días serán eternos y sin castigo.

Una bienvenida al estilo de Gerardo Morales

La diputada nacional Mayra Mendoza fue agarrada del cuello y de los pelos. Hubo palos y golpes. Fue detenido el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham. Habían viajado a Jujuy para escuchar la última audiencia del juicio oral y público contra Milagro Sala.

Los agarraron del cuello, los tiraron al piso, los golpearon con palos. Cuando la diputada Mayra Mendoza logró atravesar el brutal cerco de cascarudos uniformados de la Policía de Gerardo Morales para ver dónde llevaban a uno de sus compañeros, un policía la agarró del cuello y de los pelos. Otros tres la cercaron. La golpearon y la tiraron al piso hasta inmovilizarla. Para entonces, el operativo montado por el gobernador Morales desde la mañana alrededor del juzgado federal atenazado de vallas, había recibido refuerzos. Algunos testigos dicen que triplicaron la cantidad de efectivos con miembros de Infantería de la Provincia que llegaron con escudos y palos. Diputados nacionales, legisladores, representantes gremiales y territoriales que habían viajado desde Buenos Aires para acompañar en la ultima audiencia del juicio oral a la dirigente de la Tupac Amaru esperaron dos horas abajo del sol una respuesta para pasar a la sala. El hombre al que se había llevado la policía era el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham. Dos uniformados lo levantaron en el aire, lo patearon y se lo llevaron de los hombros para meterlo a un celular. Cuando Maria Elena Naddeo, de la APH corrió hacia él, para saber dónde se lo llevaban, le pidió que grite su nombre: ¡Soy Martín Rodríguez!, respondió.

Fue una muestra del estado de excepción que se vive en Jujuy y que cada día sorprende un poco más. Vallaron todo para no permitir que la gente entre al juicio que ni siquiera se sabía si iba a terminar, porque las pruebas se fueron cayendo y una condena podía evidenciar un escándalo.

“¡Este es un estado policial!”, dijo Carlos Girotti secretario de comunicación de la CTA, todavía agitado y transpirado apenas consiguió entrar en la sala de audiencia, testigo en primera línea de la refriega policial. “Se prohíbe el libre tránsito de los diputados nacionales, se apalea al público que va a llegar a un juicio trucho”.

Girotti estaba contra las vallas cuando intentó sujetar a Mayra Mendoza, que se caía. “Nosotros estábamos viendo las listas de los que estábamos para entrar a la audiencia y en el momento en el que dijimos que teníamos que entrar, fuerzan las vallas que habían puesto. Llega un contingente policial y empieza un forcejeo que es muy violento. Nos pegan, a mí me aplastan, me tiran contra las paredes. Y veo a la diputada Mendoza que logra salir de ese cerco brutal al que nos sometían y cuando da un paso hacia dentro del cerco, la toman del cuello. Otros tres policías se acercan. La golpean. Y la derriban. También sé que en esas condiciones el compañero Martín Rodríguez fue brutalmente golpeado”.

Entre los heridos estuvo “el Tano” Daniel Catalano, de ATE Capital, que terminó con el brazo entumecido. Hubo golpes y patadas a todos lados. Las noticias iban entrando a la sala de audiencias, pero primero por el grito de Milagro Sala, que apenas entró, esposada y decidida a sostener un nuevo día de tormentos judiciales, se levantó de la sillas como pudo buscando la cara a su gente.

–¡Hay quilombo afuera! ¡Hay quilombo afuera! –llegó a decir. Las mujeres del Servicio Penitenciario quisieron callarla. Ella se desató con respeto pero como pudo de esas manos que la sentaron de prepo. ¡Hay gente detenida! ¡Vayan a fijarse! ¡Están reprimiendo!

En primera fila estaban el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que había logrado entrar. Empezaron así a entrar los primeros diputados y visitantes, todos escandalizados por la nueva exhibición de violencia.

“Yo corrí a los policías cuando vi que se llevaban a uno de los chicos”, dice Naddeo. “Y le pedí que dijera quién era, pero no pude saber a dónde se lo llevaban. Lo sacaron de donde estaban todos forcejeando para poder entrar. Se lo llevaron dos policías en el aire. Lo corrimos porque iban muy rápido para el móvil y le preguntamos que nos dijera el nombre”. También vio después a Mendoza “golpeada y nerviosa”. Sólo consiguió ser soltada porque cuando la agarraron los que estaban ahí, empezaron a gritar ¡es una diputada nacional!

“Les pedimos por favor saber quién dio la orden”, gritaron los que estaban ahí. Atrás de las vallas seguía el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, Estela Díaz, de la CTA, las diputadas nacionales Josefina González y Mabel Carrizo, también Horacio Pietragalla, Aníbal Ibarra, el legislador José Campagnoli, de Nuevo Encuentro y Catalano, entre muchos.

“Es la muestra más palmaria de que esto es un estado policial. Que acá no hay un estado democrático de derecho desde la llegada de Morales a la provincia”. El abogado Eduardo Tavani había conseguido entrar a la sala para negociar el ingreso de los que estaban afuera. La cuestión de espacios fue un tema y un problema desde el primer día de audiencias. Los lugares pasaron de 24 sillas a 59 durante lunes y martes. Ayer, a pedido de los diputados que viajaban desde Buenos Aires se esperaba un acceso más abierto. Pero no fue así. A las tres de la tarde, cuando el Tribunal Oral Federal 1 abrió las puertas, los 59 lugares eran sólo 59 lugares, contando familiares, periodistas, militantes de la Tupac y todo los que recorrieron cientos de kilómetros para llegar hasta aquí. Tavani y Pietragalla venían coordinando las listas de visitas desde el lunes. El TOF sabía que iban a viajar. Una gestión ante la justicia federal de Buenos Aires había asegurado que iban a poder entrar a la sala. Y que existía el compromiso de recibirlos, pero no fue así. Por eso, cuando todo los accesos parecían invariablemente bloqueados, las mujeres y hombres de la Tupac Amaru comenzaron a ceder algunos lugares. Cuando un grupo de seis o siete personas iban hacia las vallas para cambiar sus lugares a los diputados, se desató la violencia.

“En realidad, desde que empezó el juicio se ha presentado un listado de personas que iban a presenciarlo”, explicó Estela Díaz, volviendo del desastre. “Desde el comienzo se vio la obstaculización. No había garantías y tuvo que pelear la defensa para que se ampliaran los lugares para participar. Y el colmo es que habíamos pedido que pongan una cámara con pantalla y audio porque iba a viajar mucha gente: diputados nacionales, concejales provinciales, diputados provinciales, directivos de centrales sindicales nacionales como la CTA y la CGT. Hicieron lo contrario: vallaron todo para no permitir que se entre”.

Después de las horas abajo del sol, los que estaban afuera pidieron a los policías que los dejaran pasar. “El juicio va a empezar. No nos están dejando entrar”, protestaban. “Yo les decía: ustedes están provocando este escándalo al no dar respuesta. Y vienen unos tipos a poner un alambrado entre las vallas como diciendo: ´esto no se mueve más´”, relató Aníbal Ibarra. En ese forcejeo, agregó Estela Díaz, “empezaron a golpear a los que estaban ahí. Había en conjunto policías de la Federal y de la provincia, pero particularmente la policía de la provincia fue la más agresiva. Y agarraron del cuello y de los pelos a la diputada Mayra Mendoza, golpeaban y pateaban al concejal que se llevaron. Golpearon a los compañeros con los bastonazos. Tenemos varios dirigentes heridos”.

Estela Díaz también estuvo al lado de las rejas. Entre el forcejeo y el apriete. “Ellos no nos respondían, decían que no. Les preguntábamos y nada. Triplicaron las fuerzas policiales en un procedimiento exagerado. Era una provocación con fuerzas y de escudos, bastones que repartieron a diestra y siniestra”.

“Escuché a una compañera que empezó a gritar ´no me toques, no me toques´. Estaba en un rincón y cuando me doy vuelta veo que un policía le estaba manoseando las tetas. Ahí empezamos un forcejeo”, contó Pietragalla.

Adentro de la sala, cuando el juicio arrancó, la abogada de Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta pidió la palabra. “Señor presidente le hago saber que se ha dispuesto con su autorización o no un operativo con importante cantidad de efectivos provinciales y federales y se han producido incidentes”, dijo. “Hubo personas detenidas y hasta ahora nadie pudo hacerme saber quién dispuso el operativo y que ocurre en la calle”.

Mario Juárez Almaraz, presidente del tribunal, la interrumpió. Dijo que de la puerta para dentro del edificio estaba la Federal, y que de la calle se ocupaba la policía de la provincia. Gómez Alcorta le dijo: “No me dejó terminar el pedido, pero ya me respondió la identidad de los autores y los responsables”.

Eva Arroyo, militante de HIJOS de Jujuy, llegó a la audiencia pero no se sorprendió. “Ahora todos los que llegaron tuvieron la oportunidad de vivir lo que vivimos los días los jujeños”. Y explicó: “El gobierno dice ser de paz, unión y trabajo y representativo de la democracia, pero si no le importan los concejales o diputados menos aún le va a importar las organizaciones sociales, que son los sectores mas vulnerables”.

Fuente: Página/12